Un nuevo proyecto de ley quiere prohibir el cifrado que no brinde una puerta trasera para el gobierno
Tres senadores republicanos presentaron un proyecto de ley para ponerle fin al cifrado “a prueba de orden judicial”, el 23 de junio. Esto invoca la seguridad nacional como pretexto para exigir a los fabricantes de dispositivos y proveedores de servicios que ayuden a las fuerzas del orden público proporcionando acceso a datos cifrados.
Los pedófilos y la seguridad nacional
La Ley de acceso legal a datos cifrados está presidida por Lindsey Graham (R-SC), Tom Cotton (R-AR) y Marsha Blackburn (R-TN). De acuerdo con GovTrack, los tres senadores obtienen un alto puntaje en la escala conservadora, con Blackburn recibiendo un perfecto de 100.
Graham también es uno de los senadores que preside la Ley EARN IT, que muchos defensores de la privacidad criticaron fuertemente por lo que percibieron como una intromisión en las libertades personales, con el pretexto de proteger a los niños del abuso sexual.
No está claro por qué Graham y sus colegas sintieron la necesidad de proponer un proyecto de ley que, por encima, parece tener los mismos objetivos que la Ley EARN IT: Despojar a las personas del derecho a usar tecnología que permita preservar la privacidad, mientras que obligan a las empresas de tecnología a ser aún más receptivas a los caprichos del estado. Quizás la idea es que al menos una de las cartas que juega el proyecto de ley, seguridad nacional y bienestar infantil, hagan el trabajo.
Ponerle fin al cifrado “a prueba de orden judicial”
El comunicado de prensa dice que la legislación propuesta “pondría fin al cifrado a prueba de orden judicial en dispositivos, plataformas y sistemas”, un debate muy conflictivo durante años. Además, hace énfasis en que las compañías deberían cooperar con las autoridades solo después de que el tribunal emita una orden:
“El proyecto de ley requeriría que los proveedores de servicios y los fabricantes de dispositivos brinden asistencia a las fuerzas del orden público cuando sea necesario el acceso a dispositivos o datos cifrados, pero solo después de que un tribunal emita una orden de arresto, con base en la causa probable de que haya ocurrido un delito, autorizando a las fuerzas del orden público a buscar y aprovechar los datos.”
Si alguna vez se aprobará este proyecto de ley, la industria de la criptomonedas podría verse especialmente afectada, los algoritmos criptográficos que están en el núcleo de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Por otro lado, la naturaleza descentralizada de muchos proyectos en este espacio puede hacer que la industria esté mejor preparada.
Ava y Cardano no cederían
Cointelegraph contactó con algunos de los miembros más prominentes dentro la comunidad cripto para que comentaran sobre este tema.
El profesor de la Universidad de Cornell y cofundador de Ava, Emin Gün Sirer, respondiendo sobre si, Ava,implementaría una puerta trasera para dar acceso del gobierno, dijo “¡Absolutamente no!” Agregó que de aprobarse el proyecto de ley y la policía llama a la puerta, preferiría trasladar su proyecto al extranjero antes que sucumbir a la presión. Sirer cree que tales iniciativas legislativas obstaculizan la seguridad nacional en lugar de fomentarla:
“Innumerables expertos han dejado muy claro, una y otra vez, que estas ideas están equivocadas: Estas puertas traseras representan vulnerabilidades potenciales y odian a las empresas estadounidenses y la competitividad estadounidense. Al mismo tiempo, fuerzan el uso de tecnologías, como las VPN, que provocan que las comunicaciones que representan una amenaza seguridad nacional se trasladen al extranjero.”
Además, señaló que la tecnología para preservar la privacidad es la esencia de Blockchain:
“Las tecnologías emergentes, como las cadenas de bloques, brindan fuertes garantías de privacidad, integradas en su propia estructura. A la vanguardia de estos sistemas, Ava rechazará todos los esfuerzos para incorporar puertas traseras propensas al abuso en su software “.
El fundador de Cardano (ADA), Charles Hoskinson, expresó un sentimiento parecido:
“No. Dejaré de trabajar en estos sistemas si legalmente me obligan a hacerlo.”
Roger Ver expresó escepticismo de que las leyes políticas tienen el poder de resolver lo que esencialmente es un problema matemático:
“Ninguna cantidad de violencia puede resolver un problema matemático. Y creo que es una excelente forma de verlo, cierto, así que los políticos pueden aprobar todos los proyectos de ley que quieran, pero eso no cambiara la forma en la que funcionan las matemáticas. Por lo tanto, ninguna cantidad de leyes políticas o violencia pueden resolver un problema matemático.”
Mientras tanto, el Fiscal general, William P. Barr, emitió una declaración que respalda firmemente la ley, señalando que el cifrado a prueba de orden judicial permite que “los delincuentes operen con impunidad”, y que, dada la cuarentena por el COVID-19, no podría ser más oportuno:
“El peligro es particularmente grande para los niños que son objeto de explotación sexual en línea, especialmente durante este tiempo de cuarentena por el coronavirus. Los sobrevivientes de abuso sexual infantil y sus familias han suplicado a las compañías de tecnología que hagan más para evitar que los depredadores exploten sus plataformas para dañar a los niños, no podemos permitir que estas compañías eleven sus ganancias y los derechos de privacidad de estos abusadores sobre la seguridad de los niños.”
La probabilidad de que se apruebe este proyecto de ley se verá muy afectada por las elecciones de noviembre.
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