Regulador europeo: los CASP deben trabajar en la interoperabilidad de los protocolos
El regulador bancario de la Unión Europea, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), desea actualizar las normas existentes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) para los proveedores de criptomonedas.
En un documento de consulta publicado el 24 de noviembre, la EBA explica que las regulaciones europeas actuales ya no son suficientes para supervisar el cumplimiento de los estándares AML/CFT entre los proveedores de criptomonedas. Las nuevas directrices propuestas para la industria tienen como objetivo abordar estos problemas, y la EBA ha dado a las partes interesadas hasta el 26 de febrero de 2024 para realizar comentarios.
En particular, la EBA sugiere fusionar los criterios AML/CFT para los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). También propone obligar a los CASP a “facilitar la transmisión de información de manera fluida e interoperable” mediante la mejora de la interoperabilidad de sus protocolos.
Bajo las nuevas reglas propuestas, los CASP también deberán obtener y mantener información sobre las billeteras personales, garantizar que la transferencia de criptoactivos pueda identificarse individualmente y verificar si esa dirección es propiedad o está controlada por el cliente de CASP. Estos requisitos se aplicarían cuando el monto de transferencia de la billetera personal esté por encima de 1,000 euros, aunque la EBA no especifica si este es un umbral mensual, diario o único.
Después del proceso de consulta, las nuevas directrices deberían entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024.
En octubre, la EBA publicó un documento de consulta evaluando la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y los accionistas o miembros que poseen participaciones cualificadas en emisores de tokens referenciados a activos y CASP.
En julio, la EBA alentó a los emisores de stablecoins a apegarse voluntariamente a principios rectores específicos relacionados con la gestión de riesgos y la protección al consumidor.
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