¿Qué hay de cierto en que Reino Unido podría quedarse sin criptomonedas?

Los reguladores del Reino Unido tienen bajo la lupa a más de 200 empresas del sector de las criptomonedas de acuerdo con fuentes de Financial Times. Todas aquellas compañías que trabajan sin contar con los debidos documentos de autorización se encuentran bajo escrutinio porque podrían ser sospechosas de crímenes de blanqueo de capitales. La regulación en el país cierra el cerco alrededor de las empresas con más volumen de actividad relacionadas con las criptos y hay un plazo límite para que cumplan con los requisitos de la autoridad.

Por ello, se esperaba que contasen hasta el 31 de marzo para ponerse al día con los papeles necesarios, de lo contrario se amenazó con recurrir a sanciones. Estas exigencias vienen a raíz de que las autoridades regulatorias consideran que las cripto empresas están relacionadas con la proliferación de estafas en el país. Sin embargo, no todas las empresas consideradas del sector han cumplido con este plazo inicial y por el momento queda por verse la extensión de las sanciones que podrían recibir o los procesos que se abrirán en relación con estas irregularidades.

Consecuencias de no cumplir con lo exigido por la FCA 

En el peor de los casos, si no se registran en la Financial Conduct Authority (FCA), muchas de empresas podrían estar obligadas a cerrar, ya que no tendrían permitido operar. Estas medidas supondrían una amenaza para la economía y el desarrollo tecnológico para el país, ya que las empresas podrían desplazarse a otros países en busca de regulaciones más laxas. Esto es especialmente sangrante en el caso de Reino Unido, ya que en su territorio se encuentra una gran cantidad de fintechs que forman parte del sector Startup y Pyme. Varias de estas empresas están sopesando el curso de acción que deben tomar para poder continuar con sus actividades. Sin embargo, las exigencias de la FCA podrían recortar sus beneficios y aumentar los costes operativos debido a los requisitos adicionales que se imponen para la actividad. Esto podría desembocar en una fuga de empresas del país.

La nación se arriesgaría, pues, a perder su ventaja competitiva en el sector de las fintech y de las criptomonedas. Se considera que estas elevadas exigencias puedan tornar a Inglaterra en un país crypto-unfriendly y que las empresas decidan llevar sus actividades a otros lugares, pero aún es pronto para poder sacar conclusiones. Queda claro una vez más que los reguladores deben valorar las competencias que existen en las industrias para regular de forma adecuada y sostenible. 

De otra forma, sería posible el escenario en el cual muchas empresas opten por desplazarse a una ubicación más amistosa con las criptos de cara a los siguientes años. Mientras el interés de las autoridades en relación a la regulación de las criptomonedas parece aumentar en varios países, entre ellos España y la propia zona euro, ya hay quien manifiesta que las consecuencias se reflejarán en el mercado.

Según algunos juristas especializados en el sector, la culpa de que muchas de estas empresas no vayan a poder cumplir con las condiciones la tiene el escaso tiempo de recaudo que se les ha concedido. La autoridad financiera ha tenido que soportar algunas críticas que aseguraban que el organismo era muy lento en responder, e incluso, que a veces no lo hacía, dejando a muchas de estas empresas en un limbo legal a causa del colapso de solicitudes. 

Grandes empresas que siguen la normativa

Sin embargo, grandes empresas como Paypal, Coinbase o el exchange Gemini no se vieron afectadas y ya han cumplido con el registro correspondiente. Otras, también de gran tamaño, como Revolut y Copper no han tenido tanta suerte. Estas empresas por su volumen podrían apelar la decisión, pero se enfrentarían a un proceso largo y costoso. Han sido tantas las quejas recibidas que la Autoridad de Conducta Financiera parece haber pospuesto la fecha límite a algunas empresas.

Por desgracia, algunas de las empresas que no puedan cumplir con la normativa que exige la legislación inglesa deberán considerar desplazar su ubicación legal o incluso dejar de proveer servicios en el país con las implicaciones económicas que esto supone. Si bien estos hechos pueden no desembocar efectos en los mercados internacionales, todavía es pronto para conocer las repercusiones macroeconómicas.

Parece que desde Gran Bretaña se acusa al gobierno de tener una actitud más hostil hacia el sector que los reguladores de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que en 2021 el sector llegó a tener un monto de inversión de 11,600 millones de dólares, está claro que estas son medidas de peso que afectarán de una manera u otra a la industria y posiblemente tenga eco en la economía inglesa. Queda por ver la extensión y las ramificaciones que esta situación puede causar en el país inglés. Seguiremos la evolución de estos procesos para conocer el desenlace de estas iniciativas por parte de las autoridades inglesas.

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