Las empresas de remesas dudan en ofrecer soporte para BTC a pesar de la ley de curso legal en El Salvador
A pesar de la ley que recientemente se aprobó en El Salvador que ordena el uso de Bitcoin como moneda de curso legal, al parecer las empresas de remesas locales son reticentes a adoptar BTC.
En declaraciones a Reuters, el analista de fintech de Autonomous Research, Kenneth Suchoski, argumentó que es poco probable que las empresas de remesas lancen el soporte a Bitcoin y otros criptoactivos hasta que se vean impulsadas a hacerlo por la demanda de los clientes, lo que probablemente creará un estancamiento para la industria local de pagos.
“Para Western Union y algunos de los otros proveedores de remesas, hay que tener en cuenta que la mayor parte del volumen en la industria de las remesas va de los mercados desarrollados a los mercados emergentes, principalmente a las personas -familias y amigos- que operan en efectivo”, dijo.
Suchoski estima que menos del 1% de las remesas transfronterizas mundiales se realizan con criptoactivos, y añade:
“En la medida en que bitcoin no se adopte y no haya una aceptación generalizada, estos proveedores de remesas van a seguir siendo relevantes en los próximos años.”
La empresa global de pagos MoneyGram International también hizo hincapié en el reto de navegar por una infraestructura no desarrollada que permita los puentes entre los criptoactivos y las monedas fiduciarias locales en las economías emergentes.
“Hemos construido un puente para conectar bitcoin y otras monedas digitales con la moneda fiat local”, le dijo un representante de MoneyGram a Reuters, y añadió:
“A medida que las criptomonedas y las monedas digitales adquieren un mayor protagonismo, un obstáculo fundamental para un mayor crecimiento son las rampas de entrada y salida a las monedas fiat locales.”
El mes pasado, MoneyGram reveló una asociación con Coinme para permitirles a sus usuarios comprar y vender criptoactivo usando USD en 12,000 puntos de venta en todo Estados Unidos.
Suchoski también hizo hincapié en la carga de cumplimiento que supone el apoyo a los criptoactivos para las empresas de pagos, señalando que los costes anuales de cumplimiento de Western Union casi se han duplicado, pasando de unos $100 millones a $200 millones en aproximadamente la última década.
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