La nueva propuesta de ley de España complica la situación de las criptomonedas para los ciudadanos
A la espera de la aprobación parlamentaria en España, un nuevo proyecto de ley tiene la intención de eliminar las transacciones fiscales ilegales, como informó inicialmente la sucursal española de Cointelegraph. Esto podría significar transacciones comerciales más pequeñas, así como informes obligatorios de criptoactivos, incluso para los activos mantenidos o negociados internacionalmente.
El “Proyecto de Ley de Medidas para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal” recibió recientemente la luz verde del Consejo de Ministros español, la entidad central de gobierno de España, según un informe del 13 de octubre de la ministra de Hacienda del país, María Jesús Montero.
Cuando la criptomoneda comenzó a tener más protagonismo mundial en 2017, algunos países comenzaron a intensificar sus medidas de supervisión fiscal en un intento de acorralar su parte de las ganancias relevantes obtenidas a través de la industria. El nuevo proyecto de ley de España requiere que los ciudadanos de la nación informen sobre cualquier uso o tenencia de activos digitales, incluso si dicho uso incluye activos mantenidos o negociados fuera de España.
El proyecto de ley también prohíbe todas las transacciones comerciales en efectivo superiores a 1,000 euros, por debajo del límite anterior de 2,500 euros del país. Sin embargo, este último monto permanece en el lugar para transacciones no comerciales entre personas, detalla el informe de Cointelegraph. Cualquier pago relacionado con el negocio superior a 1000 euros debe realizarse en forma electrónica, aparentemente aumentando la vigilancia de los residentes en España. Si las monedas digitales de los bancos centrales entran en juego, el seguimiento financiero podría ser aún más fácil para los países, dando a los ciudadanos menos privacidad y libertad.
Un reciente esfuerzo llevó a que 350 de los trabajadores del gobierno del país recibieran criptomonedas por valor de 1 euro. Esta pequeña suma se envió a cada miembro del Congreso de los Diputados del país en un esfuerzo por educarlos sobre esta tecnología emergente.
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