La nueva propuesta de la UE busca endurecer las regulaciones para el envío de criptomonedas
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta que requeriría que los proveedores de servicios de criptoactivos recopilen información adicional contra el lavado de dinero, o AML, de los usuarios que utilizan criptomonedas para transferencias de dinero. El propósito declarado de esta propuesta es evitar una mayor propagación de la actividad de blanqueo de capitales dentro de la UE.
Según esta propuesta, los proveedores de servicios que realizan transferencias deben tener el nombre del originador de la transferencia, el número de cuenta, donde existe la cuenta y se utiliza para procesar la transacción. La dirección del originador, el número de documento personal oficial, el número de identificación del cliente o la fecha y el lugar de nacimiento también serían requeridos bajo la propuesta. De manera similar, los proveedores de servicios deberían asegurarse de que el nombre y el número de cuenta del beneficiario se incluyan con la transferencia, junto con la información sobre dónde existe esa cuenta. El proveedor de criptoactivos del beneficiario también necesitaría procedimientos para detectar si la información del originador de la transferencia está incluida o falta.
Estos requisitos de información adicional entrarían en vigor cuando una transferencia supere los 1,000 EUR o cuando una serie de pagos parezca estar vinculada y el total supere los 1,000 EUR. La comisión dijo en la propuesta:
“Para no afectar la eficiencia de los sistemas de pago y los servicios de transferencia de criptoactivos y para equilibrar el riesgo de llevar transacciones clandestinas como resultado de requisitos de identificación demasiado estrictos contra la posible amenaza terrorista que representan las pequeñas transferencias de fondos”.
En los casos en los que haya una serie de pagos que superen los 1,000 EUR pero no parezcan estar conectados, el proveedor de servicios de pago no necesitaría verificar la información a menos que “efectúe el pago de los fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo”, o “tiene motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.
Los requisitos actualizados formaron parte de cuatro propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea el 20 de julio. Todas las propuestas tenían como objetivo mejorar la detección de transacciones sospechosas, detener el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. El Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre las propuestas, y podrían pasar hasta dos años antes de que las propuestas se conviertan en ley.
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