La Cámara de Comercio Digital de EEUU hace un guiño al proyecto de ley Lummis-Gillibrand en su propuesta en el caso SEC contra Ripple
La Cámara de Comercio Digital (CDC) de EEUU ha solicitado presentar un escrito de amicus curiae en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Ripple Labs y sus ejecutivos Bradley Garlinghouse y Chris Larsen. Liliya Tessler, del bufete Sidley Austin, presentó el 14 de septiembre un paquete de documentos, incluida la propuesta de escrito, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La CDC es el mayor grupo comercial de blockchain y activos digitales del mundo, con más de 200 miembros que incluyen actores de la industria, inversores y bufetes de abogados. Sostuvo que la Cámara no tiene “una opinión sobre si la oferta y la venta de XRP es una transacción de valores”, pero está interesada en “garantizar que el marco legal aplicado a los activos digitales subyacentes a un contrato de inversión sea claro y coherente”, añadiendo:
“Mantener esta distinción es fundamental para desarrollar un entorno legal predecible a través de un precedente tecnológicamente neutro, algo que este Tribunal tiene la facultad de hacer”.
Los documentos replantean posteriormente la cuestión como “si la ley bien establecida aplicable a la oferta y venta de un contrato de inversión que es una transacción de valores se distingue adecuadamente de la ley aplicable a las transacciones secundarias en activos digitales que fueron previamente objeto de un contrato de inversión” a la luz del hecho de que “ninguna ley federal (o regulación) controla específicamente la caracterización legal de los activos digitales registrados en una blockchain”.
The Chamber is wading into the Ripple v. SEC case.
Expect something similar to what it filed in the Telegram case and the argument is that although the SALE of XRP might have been as a security, the token is not inherently a security.
Similar to JDeaton, just not as compelling. https://t.co/D7m0kxKdp6
— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) September 11, 2022
En el informe amicus propuesto, la CDC reconoce la prueba Howey “intensiva en hechos”, que:
“Es a veces difícil de aplicar incluso para los abogados experimentados, por no hablar de los participantes en el mercado sin formación jurídica”.
La CDC pidió al tribunal que reiterara la diferencia entre los contratos que son valores y los sujetos de esos contratos, que no son valores. Los casos citados incluyen una mezcolanza de temas, como ya es habitual en estos debates. En este caso, se mencionaron casos relacionados con barriles de whisky, teléfonos públicos, condominios y castores.
La CDC continuó su argumento diciendo que la SEC ha “proporcionado una orientación encomiable sobre la aplicación de las leyes de valores”, pero “el enfoque de control de la SEC, basado igualmente en Howey, pinta un cuadro diferente” y la agencia no ha proporcionado orientación a los participantes del mercado que la han solicitado.
La CDC sigue sosteniendo que la SEC está utilizando en su caso contra Ripple una aplicación novedosa del análisis de contratos de transacciones secundarias con activos sujetos a un contrato de inversión, pero no ha proporcionado orientación sobre cómo aplicar ese análisis. No obstante, la SEC sigue esperando que los participantes en el mercado determinen si un activo es o no un valor.
La CDC señaló la falta de precedentes sobre las transacciones secundarias con los sujetos de los contratos de valores, pero declaró:
“La Cámara considera que, mientras el activo subyacente no incluya intereses financieros, como derechos legales a la deuda o al capital, se presume que los activos digitales son productos básicos”.
La CDC señaló que la propuesta de Ley Lummis-Gillibrand de Innovación Financiera Responsable (RFIA) adoptó la misma postura al introducir el concepto de “activos auxiliares” en la consideración. Además:
“La Cámara pide respetuosamente que este Tribunal se inspire en los principios establecidos en la RFIA para orientarse si decide aclarar la caracterización de los activos digitales que son objeto de un contrato de inversión o difiere tal decisión al legislador”.
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