Justicia argentina ordena devolución de $600 mil a prófugo de la causa Generación Zoe
La causa de Generación Zoe tuvo un giro inesperado. Una jueza de Control de la ciudad argentina de Villa María ordenó que se le devuelvan a Héctor Luis Yrimia, uno de los prófugos que permanece escondido en Dubai, unos 600 mil dólares.
Se trata de dinero que se le había incautado en un allanamiento llevado adelante en el marco de la investigación que busca determinar el destino del dinero de los ahorristas estafados en un gigantesco esquema ponzi.
Yrimia está imputado en la causa judicial, aunque permanece libre. Para la Fiscalía que investiga el caso se encuentra prófugo, en el exterior. El exjuez federal fue uno de los más de 20 imputados por la fiscal Juliana Companys por el caso Zoe.
Era director jurídico de la empresa montada por Leonardo Cositorto y una de las personas clave en el montaje legal de la firma. Yrimia pidió que le devuelvan el dinero, argumentando que era de su padre y no propio.
Cuando cayó la empresa, a comienzos de este año, abandonó el país rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Jamás volvió, a pesar de los repetidos intentos de la justicia cordobesa por lograr que sea detenido. Hoy cuenta con un pedido de captura de Interpol.
Según sostiene la fiscal, los 600 mil dólares son “dinero proveniente de los inversores estafados”. Es un capital que no se pudo llevar Yrimia cuando se “fugó al exterior”, una vez enterado de la investigación judicial.
Según explicaron, desde la fiscalía presentaron todos los papeles a Dubai para lograr la extradición pero el pedido se enreda en trámites burocráticos. Argentina y Emiratos Árabes no tienen convenio de extradición.
“Vamos a apelar la decisión. Se presentó una vez y nos pidieron cuatro aclaraciones, que se hicieron todas. Se tradujo al árabe y cancillería fue la que lo gestiono ante el juez emiratí”.
Cositorto hoy
Cositorto está detenido desde abril de este año, cuando fue extraditado desde República Dominicana. Está imputado supuesto delito de estafa y asociación ilícita. El líder de Generación Zoe afronta también causas en Rosario, Salta y Corrientes, y tiene expedientes abiertos en la justicia federal porteña. Solo en Córdoba, según los datos de la investigación, habría movido 10 millones de pesos argentinos (unos 31 mil dólares) y 2 millones de dólares.
Durante sus días encerrado, Cositorto continúa enviando audios sobre su nuevo esquema: “All Us Education”. Les habla “los líderes” de la organización y les pide sumar “cinco invitados” y asegura que la empresa “reparte el 90% de lo que recauda”. En esa línea, prometió que cualquiera, “poniéndose un poquito las pilas”, puede “cambiar totalmente su situación”.
“Hola equipo, ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Este audio es para terminar de confirmar y aclararles algunas de las condiciones básicas que tenemos en esta tremenda oportunidad llamada All Us. Una comunidad de líderes que va a permitir alcanzar a cientos, a miles, un millón, dos millones, cuatro millones de personas. Empezamos con un valor ínfimo, ustedes saben hay que poner 6 dólares”.
En su última declaración radial, advirtió que pondría “nuevamente a la empresa” de pie, aunque aclaró que no ingresará al circuito financiero.
La causa Zoe
Son 29 los imputados que tiene la causa Generación Zoe de Villa María. Entre ellos figura el máximo responsable, Leonardo Cositorto. Además están Maximiliano Batista y Claudio Álvarez, como algunos de los principales directivos de Zoe, quienes están acusados por “estafas reiteradas y asociación ilícita”.
Hasta el momento, son 176 los ahorristas damnificados. No obstante, la fiscal estima que son más de 1050, al sostener que más de 880 no denunciaron las estafas.
En la instrucción de la causa, que todavía está en proceso, se contabilizaron estafas por 2 millones de dólares y 15 millones de pesos, aunque estimó que la cifra podría superar los 120 millones de dólares.
La maniobra para captar fondos consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo. Ofrecía también coaching espiritual y financiero, a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7,5 por ciento.
A sus víctimas les decían que sus acciones estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash. Mencionaban, además, explotaciones mineras en Jujuy y San Juan, entre otros supuestos avales que tampoco existían. Según la funcionaria judicial, la maniobra delictiva se extendía también a otros países.
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