GAFI publica nuevos indicadores sobre criptomonedas para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El día de hoy Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un reporte sobre los principales indicadores de los activos virtuales (AV) para la identificación de lavado de dinero (ML) y financiamiento al terrorismo (AL). El reporte incluye más de cien estudios de casos desde 2017 recopilados por miembros de la Red Global del GAFI, así como la literatura existente. Vale la pena mencionar que GAFI destaca que, la existencia de un solo indicador, no necesariamente revela una práctica delictiva.

Contrario a lo que se podría esperar, debido a la cantidad de regulaciones que de forma recurrente observamos por parte de los países, la institución señala que, con el paso del tiempo, las actividades delictivas con AV se han vuelto más comunes y una forma de identificar las alertas. Si bien es cierto, reconoce que los activos virtuales son una tecnología innovadora para transferir valor a nivel mundial como el envío de pagos y la reducción de comisiones; también señala que el anonimato que existe en muchas de ellas resulta un atractivo para los delincuentes. Dentro de los principales delitos que señala son: tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, el fraude, la evasión fiscal, los ciberataques, la evasión de sanciones, la explotación infantil y la trata de personas.

Dicho informe define una categoría llamada “indicadores de bandera roja” para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo los cuales incluyen actividades sospechosas con criptomonedas. Este conjunto de indicadores demuestra cómo las señales de alerta tradicionalmente asociadas con transacciones que involucran medios de pago más convencionales siguen siendo relevantes para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con los AV.

• Características tecnológicas que aumentan el anonimato, como el uso de sitios web de intercambios de igual a igual, servicios de mezcla o volteo o criptomonedas mejoradas por el anonimato.
• Riesgos geográficos: los delincuentes pueden explotar países con medidas nacionales débiles o inexistentes para los activos virtuales.
• La estructura de las transacciones de AV: es decir, los montos que se realizan en pequeñas cantidades o en cantidades por debajo de los montos que las instituciones deben reportar cuando encuentran una alerta (similar al caso de las transacciones con efectivo).
• Realización de múltiples transacciones de alto valor, o en una sucesión corta: que exista un patrón escalonado y regular, por ejemplo, en menos de 24 horas y sin tener más transacciones registradas durante un largo período posterior, lo cual es particularmente común en casos relacionados con ransomware.
• Perfiles de remitente o destinatario: un comportamiento inusual puede sugerir una actividad delictiva
• Fuente de fondos o riqueza, que puede relacionarse con actividades delictivas.

GAFI indicó que este estudio servirá a los proveedores de servicios de activos virtuales, instituciones financieras y otros negocios, así como otras entidades informantes a detectar y reportar transacciones sospechosas. Asimismo, señala que se brinda información útil para que las unidades de inteligencia financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los reguladores analicen los informes de transacciones sospechosas o supervisen el cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Además, destacó que el documento es una guía complementaria de otros informes que ha publicado sobre el entendimiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con AV, cómo otorgar licencias y registrar el sector, acciones que los sectores necesitan ejecutar para conocer información sobre sus clientes, cómo almacenar esta información de forma segura y cómo detectar y reportar transacciones sospechosas. GAFI enfatiza que, si bien es cierto los indicadores son similares a los que se identifican con el sistema tradicional, es necesario que no se consideren de manera aislada y se contextualicen con los reportes de las autoridades de cada país. Asimismo, recomienda que los indicadores sean utilizados con información adicional proveniente de fuentes públicas y reportes policiales de cada nación, por lo que sugiere la difusión entre las instituciones para una mayor comprensión. Finalmente señala que el reporte no debe ser usado como una herramienta regulatoria para fines de cumplimiento y fiscalización ya que no todos los indicares son aplicados a todas las jurisdicciones.

Sigue leyendo: