En Venezuela incautan al menos 165 equipos para minería de criptomonedas
En un trabajo en conjunto de las autoridades policiales y administrativas de ese país, se llevó a cabo un operativo que resultó con la incautación de al menos unos 165 mineros activos de manera no permisionada en una localidad del estado Miranda, Venezuela.
En el país Caribeño existe una regulación que versa sobre el mundo criptográfico, y sobre estas regulaciones deben regirse las personas físicas o jurídicas que deseen dedicarse a explotar esta actividad económica, para ello deben seguir una serie de requisitos establecidos por el gobierno de Venezuela.
El organismo administrativo de coordinar estos operativos es la Sunacrip, en conjunto con las fuerzas de seguridad del estado venezolano para proceder a la supervisión y en casos de incumplimiento de la normativa vigente en ese país, a la incautación y desconexión inmediata de los equipos que se hallen.
El organismo policial a través de la red social Twitter informó los detalles del operativo desplegado por la División de Inteligencia Policial de la Policía Nacional Bolivariana.
Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno de Venezuela para dar seguridad jurídica a los que ejercen la actividad en el país, por ello La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas han estado uniendo esfuerzos con las autoridades policiales y militares para dar cumplimiento a la normativa vigente del país.
Tal como lo informó este medio en una nota de prensa anterior, las fuerzas de seguridad del estado venezolano a través de una circular que se dió a conocer a través de la Asociación Nacional de Criptomonedas en Venezuela, se está instando al cumplimiento de la reglamentación correspondiente para la el desarrollo de estos operativos.
En este sentido, se verifican dos vertientes, el cumplimiento de la normativa vigente, y además cuidar que el uso de la energía eléctrica que es un recurso escaso e inestable, por ello el consumo de la energía eléctrica debe ser resguardada y garantizada al resto de la población, y según esta premisa, el uso en actividades ilegales de minería son inmediatamente desinstaladas.
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