El gobierno israelí busca rastrear las tenencias de criptomonedas superiores a USD 61,000
El gobierno israelí está intensificando sus esfuerzos para disuadir de la evasión fiscal y cerrar las lagunas de los posibles blanqueadores de dinero como parte de una “guerra contra el capital negro”. Entre las medidas esbozadas en un nuevo proyecto de ley publicado por el Ministerio de Finanzas esta semana, se propone un nuevo requisito legal para someter a los usuarios de criptomonedas a un mayor escrutinio.
La ley propuesta obligaría a los usuarios de criptomonedas que hayan comprado 200,000 shekels israelíes (USD 61,000) en criptomonedas o cuyas tenencias de criptomonedas tengan actualmente el mismo valor o más, a presentar una declaración a las autoridades fiscales israelíes.
Esta obligación de declarar se aplicaría a cualquier ciudadano israelí que haya tenido, personalmente o en nombre de un hijo menor de 18 años, criptomonedas por valor de esta cantidad o superior en uno o más días del año fiscal. El proyecto de ley establece que:
“Las monedas digitales se han convertido en algo habitual entre el público, y prácticamente se negocian como un activo en los exchanges. Las monedas digitales pueden subdividirse en pequeñas unidades, se transfieren con relativa facilidad por medios electrónicos y no están sujetas a vigilancia o inspección. En estas circunstancias, las monedas digitales son un medio cómodo y eficaz para ocultar ingresos, acumular activos no declarados y blanquear dinero”.
De ser aprobada, la introducción de esta medida aumentaría los ingresos del Estado en unos 30 millones de shekels (USD 9.2 millones) en 2022 mediante un impuesto adicional.
Según un informe del periódico de negocios israelí TheMarker, Meni Rosenfeld, presidente de la Asociación israelí de Bitcoin, escribió una carta al jefe de la Autoridad Fiscal israelí, Eran Yaacov, a principios de esta semana. Argumentó que la amplia obligación de declarar crearía una base de datos de los holders de Bitcoin (BTC), algo sin precedentes en comparación con cualquier otro activo.
Rosenfeld argumentó además que, debido a la volatilidad de los precios de los activos digitales, los inversores en criptomonedas podrían cumplir con la obligación de declarar un mes y poco después caer por debajo del umbral. Escribió que la decisión de hacer apresuradamente esta enmienda a la ley sin ningún diálogo ni comprensión de sus implicaciones perjudica drásticamente el derecho de los inversores a ser escuchados y compromete la eficacia de la legislación propuesta.
El diario israelí Globes también citó la objeción de Rosenfeld de que la ley discriminaría indebidamente a los holders de Bitcoin, además de enmarcarlos como “criminales potenciales”. En su opinión, las medidas propuestas van en contra de facilitar el acceso a la economía digital en general, un mercado que ya se enfrenta a importantes retos regulatorios.
El abogado experto en materia de impuestos, Itay Bracha, dijo a Globes que la ley era “otro paso agresivo dado por las autoridades para convertirse en un ‘Gran Hermano’. La decisión deja claro que el Estado no confía en que los contribuyentes declaren y paguen lo que deben”. Bracha también señaló que la obligación de informar no es obligatoria en Israel para los inversores que operan con acciones u otros activos, a pesar de la equivalencia clasificatoria entre ellos y las criptomonedas.
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