El candidato a presidente de la FSC coreana no cree que las criptomonedas sean un activo financiero
Seung-beom Koh, nominado para presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur, no considera las criptomonedas como un activo financiero.
En una reunión de prensa con periodistas locales, Koh dijo que los expertos en tecnología financiera de organizaciones prominentes como el G20, el Fondo Monetario Internacional y otros “encuentran difícil ver las monedas virtuales como un activo financiero y piensan que no podrían funcionar como una moneda”.
Los comentarios de Koh coinciden con el aumento continuo en el comercio de criptomonedas entre los inversores jóvenes que invierten principalmente para obtener ganancias a corto plazo, según The Korean Times. Los inversores también ven las criptomonedas como una oportunidad justa para comprar viviendas al contrarrestar los disparados precios de las propiedades.
Koh también señaló que el crédito familiar excesivo podría afectar negativamente a la economía de Corea del Sur. En marzo de 2021, el crédito de los hogares del país experimentó un aumento del 9,5% hasta alcanzar los 1.765 billones de wones coreanos, aproximadamente USD 1,52 billones. Como medio para frenar la creciente deuda de los hogares, Koh dijo:
“La FSC seguirá adelante con las medidas existentes contra la deuda y dará pasos adicionales, si es necesario, mediante la movilización de todos los medios políticos disponibles”.
Las autoridades de Corea del Sur habrían estado planeando cerrar numerosos exchanges de criptomonedas bajo la sospecha de operar cuentas colectivas fraudulentas y cuentas de nombre prestado.
Sin embargo, el 9 de agosto, la FCS se acercó a Cointelegraph para negar tales afirmaciones de suspender los exchanges. Un representante declaró que los 11 de los exchanges en cuestión “están obligados a abrir y utilizar cuentas de nombre real con el fin de recaudar depósitos”.
Apenas el mes pasado, las autoridades de Corea del Sur advirtieron a los exchanges de criptomonedas que se registren voluntariamente con las autoridades locales antes del 24 de septiembre o se arriesgarán a enfrentar una pena de cárcel o fuertes multas.
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