Corte Suprema de Panamá definirá la suerte de la ley de criptomonedas
Para el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el proyecto de ley regulatorio de las criptomonedas no se puede aplicar. A partir de esa sentencio fue que el primer mandatario le trasladó la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que defina.
El Ejecutivo panameño vetó el proyecto al entender que la iniciativa fue aprobada a través de un procedimiento inadecuado y que, dato no menor, viola los preceptos constitucionales. La web oficial del gobierno de Panamá comunicó la resolución.
“El Órgano Ejecutivo envió a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley 697 de 2021, que regula la Comercialización y Uso de Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y dicta otras disposiciones, para que esta instancia del Estado decida lo que corresponda.”
En esa misma explicación, la oficina gubernamental da cuenta de los artículos 34 y 36 para argumentar el veto presidencial al proyecto que recibiera el 18 de enero de 2023.
“El Ejecutivo objetó por inexequible y por razones de fondo, los artículos 34 y 36; y por razones de forma, la totalidad del proyecto de ley. Entre las consideraciones que hizo el Ejecutivo al objetar el proyecto de ley remitido a la Asamblea Nacional se precisa que la iniciativa legislativa requiere “adecuación” a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño.”
El camino de la ley
Allá por octubre de 2022 se concretó la aprobación de la iniciativa regulatorio en cuestión. El camino se mostraba lleno de obstáculos porque ese mismo documento ya contaba con el veto presidencial previo, en junio de 2022. Fue al cabo de un intenso debate, que necesitó 3 instancias, en la Asamblea Nacional.
La compulsa legislativa y las fuertes críticas, llevaron a tener que implementar modificaciones al texto. En pleno debate, el diputado Gabriel Silva se mostró insatisfecho con los cambios.
“La Ley Cripto que se quiere aprobar hoy en tercer debate en la Asamblea Nacional es un retroceso en materia de competitividad para el país. Le metieron ayer decenas de modificaciones a mi propuesta, de manera no consensuada, dañando lo que era un buen proyecto.”
Una de las modificaciones más cuestionadas es darle la posibilidad de crear y manejar un exchange al gobierno. Parte de la comunidad también cuestionó que fueran incluidas en la iniciativa una lista de activos digitales (Huobi Token, Tron y Kyrrex) sin fundamentación alguna.
Otra vez, no
Más allá de las enmiendas, Cortizo considera inexequible (de imposible aplicación) el proyecto. Cuestiona que el poder legislativo haya retocado puntos que no eran objetados e incorporados otros que no estaban en el texto original. Para el presidente, la propuesta no se adapta a la realidad legal de su país y, por tanto, puede ser considerada inconstitucional. Eso, siempre y cuando el documento sea aprobado por la CSJ, que tiene le próximo turno para definir.
De hecho, el escrito que remite Cortizo a María Eugenia López, presidenta de la CSJ, deja de forma expresa su solicitud de que el proyecto no tenga luz verde debido a que su aplicación podría ser considerada inconstitucional. Si algo está claro hasta aquí, es que la situación parece no conformar a nadie. Ni a los promotores del texto, ni a la comunidad, ni al presidente. El próximo capítulo de esta historia asomará una vez que la CSJ comunique su decisión.
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