Chile ya tiene su ley fintech: ¿qué regulaciones hay para las criptomonedas?
Chile es otro de los países latinoamericanos que avanzó en una ley para regular su sector de empresas de tecnología financiera, comúnmente conocidas como fintechs. El proyecto incluye tanto a empresas de servicios financieros no tradicionales, como aplicaciones y neobancos, pero también a los jugadores del mundo de las criptomonedas. Específicamente, la ley busca incluir en su ámbito de aplicación a la fiscalización de los exchanges, busca definir el estatus legal de los criptoactivos similar a la de una “representación digital de unidades de intercambio de dinero, bienes o servicios” y también asigna a la Comisión del Mercado Financiero la supervisión de los exchanges y a los proveedores de custodia de criptodivisas.
La ley tiene reminiscencias a lo propuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicada en febrero del 2021, que ya establecía ciertos límites a las tecnologías base del sector fintech, como las plataformas de financiamiento colectivo o la custodia de instrumentos financieros. Ese primer acercamiento a una reglamentación, además, creaba un Sistema de Finanzas Abiertas (más conocido como Open Banking) para facilitar el intercambio de información de clientes entre distintos prestadores de servicios financieros o relacionados. De hecho, la CMF tendrá un lugar de vigilancia y jurisdicción sobre las fintech.
En efecto, la Ley Fintech establece que las fintech deben dar información a los clientes financieros y al público general como así también al gobierno corporativo y de gestión de riesgos. Finalmente, para poder operar, las Fintech deberán contar con la autorización de la CMF y estar inscritas en los registros correspondientes. En el mismo sentido, las compañías fintech deberán acogerse a un sistema de open banking a través de interfaces de acceso remoto y automatizado que estará pensado para que interactúen con instituciones proveedoras de información como los bancos y corredores de bolsa, las instituciones proveedoras de servicios basados en información, y las proveedoras de servicios de iniciación de pagos.
La nueva ley fue aprobada por 136 votos a favor y el ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó que “éste era un proyecto adecuado, que iba en la dirección correcta, que apuntaba a generar mayor competencia en el mercado financiero, a estimular la innovación y regular este sector de la industria que no estaba regulado”.
“Actualmente, las fintech prestan servicios financieros, a través de medios tecnológicos, pero carecen de regulación. Esto representa riesgos e impide a estas instituciones competir correctamente con el sector financiero. Este proyecto se hace cargo de esa realidad y propone un marco que fomenta la competencia, innovación e inclusión financiera, entrega certeza jurídica y dota de mayor seguridad a estos servicios”, mencionó por su parte la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.
En resumen, la nueva ley busca reforzar tanto los deberes de protección de los datos como a la prevención de lavado de dinero a la vez que intenta reducir la asimetría entre las nuevas empresas fintech y los agentes financieros tradicionales.
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Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
