Bélgica aspira relanzar proyecto de infraestructura blockchain de la UE
Según el gobierno del país, Bélgica planea acelerar el desarrollo de una infraestructura europea de blockchain durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea a principios de 2024.
La propuesta pretende facilitar el almacenamiento seguro de documentos oficiales como permisos de conducir y títulos de propiedad.
El desarrollo de una blockchain pública para una infraestructura paneuropea es una de las cuatro prioridades de la próxima presidencia belga, según declaró el 21 de noviembre a Science|Business el Secretario de Estado para la Digitalización, Mathieu Michel. Las tres iniciativas restantes abordarán las cuestiones de la inteligencia artificial (IA), el anonimato en línea y las cualificaciones necesarias para la economía digital.
Michel sugiere reiniciar el proyecto de Infraestructura Europea de Servicios de Blockchain (EBSI), que fue establecido por la Comisión Europea en 2018 en colaboración con la Asociación Europea de Blockchain, que comprende los 27 estados miembros de la UE más Noruega y Liechtenstein:
“Se trata de un proyecto técnico. Si queremos construir una infraestructura común, tiene que convertirse en un proyecto europeo y un proyecto político”.
El EBSI renovado pasaría a llamarse Europeum y se utilizaría para tareas de la administración pública, como la verificación de permisos de conducir y otros documentos en toda la UE. Según Michel, el proyecto también podría apoyar la infraestructura del euro digital.
El funcionario dijo que es importante utilizar una blockchain pública desarrollada por los Estados miembros de la UE, y no alternativas privadas:
“En términos de seguridad, transparencia y privacidad, la blockchain puede devolver al ciudadano el control de los datos que le pertenecen”.
De momento, Italia, Croacia, Polonia, Portugal, Eslovenia, Luxemburgo y Rumanía ya se han adherido al plan Europeum. La sede del proyecto estará en Bélgica.
El proceso de consolidación normativa en torno a las criptomonedas y blockchain avanza a paso firme. A principios de noviembre, 47 gobiernos nacionales emitieron un compromiso conjunto para “transponer rápidamente” el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés) —una nueva norma internacional sobre el intercambio automático de información entre las autoridades fiscales— a sus sistemas legales internos.
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