Asociación jurídica local analiza las pautas legales para la criptominería en Venezuela
La asociación jurídica local Criptojuris Venezuela ha publicado recientemente un boletín en su blog oficial que aborda los riesgos legales de hacer minería de criptomonedas en Venezuela.
El boletín número 004-2020 denominado “Minería Digital-Boletín Especial”, es un paseo breve por la “auditoría legal desde el punto de vista de la actividad minera digital en Venezuela“.
El texto persigue dar respuesta y asesoría legal tanto a los pequeños, medianos y grandes usuarios que se dedican a esta actividad, ”para determinar si la actividad que desarrollan cumple con los requerimientos establecidos en las normas venezolanas“, señala el boletín.
El objetivo según se puede apreciar en el texto es mitigar los riesgos legales asociados a dicha actividad en el país latinoamericano, el cual expresa de forma muy clara la posibilidad de pérdidas económicas o inclusive la libertad personal por incumplimiento de la norma.
En Venezuela, en el pasado reciente, los usuarios dedicados a esta actividad han sido víctimas en numerosas oportunidades de acosos, persecución y hasta desmantelamiento de granjas por los organismos del estado, bajo la premisa de faltas jurídicas graves en la ejecución de sus actividades.
Ya el SEBIN comenzó a detener a mineros de Bitcoin en Venezuela: https://t.co/4ohJIyvsi3
— Manuel Gómez (@mgomezch) March 16, 2016
El documento expresa claramente tres normas fundamentales bajo la cual los usuarios deben tener conocimiento de cumplirlas a cabalidad para evitar ser sancionados por las autoridades venezolanas en la ejecución de sus actividades mineras.
Las normas en cuestión obedecen al sector eléctrico: Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Reglamento de Servicio Eléctrico y Normas de Calidad del Servicio de Distribución de Electricidad.
Según la asociación jurídica, tales normativas destacan por cuanto uno de los elementos fundamentales de las actividades de minería de criptomonedas se asocia al consumo de energía eléctrica y en el pasado, esto ha sido usado como arma para encarcelar usuarios dedicados a la actividad de forma clandestina.
Al respecto, el documento expresa que ”los alegatos de las autoridades policiales y administrativas sobre el delito de robo de energía eléctrica o que los mineros perturban el sistema eléctrico nacional son totalmente falsos”.
Auditoría criptolegal
Para evitar estos inconvenientes recomiendan realizar la respectiva auditoría criptolegal de cumplimiento a la normativa eléctrica, así como “la auditoría técnica de cumplimiento de parámetros exigidos en las propias normas“ eléctricas.
Para Criptojuris, la auditoría respectiva debe ir orientada al cumplimiento iniciado por las Zonas Petro, a los fines de ”determinar y orientar” si la actividad enmarca no sólo dentro de los parámetros legales del sistema eléctrico nacional, sino también a nivel tributario y en cuanto a permisología de importaciones de equipos se refiere.
Lo anterior está enmarcado dentro del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, el cual regula toda la actividad minera en el país y certifica a los usuarios para que puedan ejecutar todas las actividade inherentes a la minería de criptomonedas mediante el el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos «RISEC».
Por último, el boletín hace un breve repaso por las normas enmarcadas en la lucha con los ilícitos del dinero digital. La primera a la cual hace referencia es la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y por otro lado la Resolución 083-18 de SUDEBAN, el organismo encargado de regular el sistema bancario nacional.
En ese sentido, la recomendación del cuerpo jurídico es que los usuarios deben informar a sus instituciones bancarias de las actividades autorizadas que estén realizando, a fines de evitar caer en sanciones legales mediante el uso de instrumentos financieros tradicionales para el intercambio de activos digitales producto de la minería de criptomonedas.
En general, el documento es un plan resumido y bien elaborado para todas las personas o instituciones que deseen abocarse a la minería de criptomonedas bajo la lupa de un gobierno que ha demostrado en otras oportunidades, no flaquear para sancionar aquellos que no se ajusten a ‘su normativa’.
A pesar del estímulo legal, las dudas sobre su eficacia y práctica real en un sistema judicial y policial bastante comprometido, ha dejado evidencias nada satisfactorias entre aquellos que se dedican -o dedicaban- a la minería de criptomonedas en la nación sudamericana.
Sigue leyendo:
