Los abogados que representan al agente de criptomonedas en quiebra Voyager Digital han enviado citaciones solicitando información al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y a otros ejecutivos de FTX y Alameda Research.

Las citaciones tienen un alcance muy amplio; los abogados de Voyager buscan copias de cualquier documento y comunicación entre las entidades FTX y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o el Departamento de Justicia (DOJ), según la presentación del 6 de febrero.

Entre otros muchos documentos solicitados, los abogados también quieren ver información relativa al portafolio de préstamos entre Alameda y Voyager, así como la situación financiera de FTX antes y después de declararse en quiebra el 11 de noviembre.

Los otros ejecutivos a los que se han enviado citaciones son la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el jefe de producto de FTX, Ramnik Arora; a cada uno se le ha pedido que facilite la información solicitada antes del 17 de febrero.

Poco se sabe de Wang (izquierda), cofundador de FTX con Bankman-Fried. Ellison (derecha) ha cooperado con las autoridades desde la quiebra del exchange.

Los vínculos financieros entre Voyager y Alameda son profundos, ya que Alameda pretende recuperar los USD 446 millones que reembolsó a Voyager. En un escrito presentado el 30 de enero, Alameda alegó que, dado que había pagado a Voyager en los 90 días siguientes a la declaración de su propia quiebra, podía “recuperar” los fondos en beneficio de sus acreedores.

En respuesta, Voyager alegó que sus acreedores habían sufrido un “perjuicio sustancial” después de que Alameda hiciera una oferta por los activos de Voyager que no pudo cumplir, lo que costó a Voyager USD 100 millones e hizo que la reclamación de Alameda quedara subordinada a las de sus otros acreedores.

Por su parte, el juez de quiebras de los Estados Unidos Michael Wiles dijo que nombraría a un examinador de honorarios para examinar los honorarios profesionales en el caso del Capítulo 11 de Voyager, según un informe de Law360 del 7 de febrero.

Según los informes, Wiles sugirió que los honorarios profesionales incurridos en el caso de quiebra eran más altos de lo que esperaba, y el argumento proporcionado por el administrador de EE.UU. le había convencido de que un examinador de honorarios sería beneficioso.

Sin embargo, Wiles señaló que un examinador podría acabar costando más de lo que podría ahorrarse en otros honorarios profesionales, y recomendó que se pusiera un máximo a los honorarios del propio examinador.

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