La Corte Suprema de Panamá se pronunciará sobre la legislación relativa a las criptomonedas
La saga del proyecto de ley cripto de Panamá ha alcanzado un nuevo capítulo, con la Corte Suprema del país decidiendo el futuro de la industria cripto local.
El Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, envió el 26 de enero el Proyecto de Ley nº 697, apodado “proyecto de ley cripto”, a la Corte Suprema para su revisión y aprobación, tras rechazar la legislación, alegando que violaba los principios fundamentales de la constitución nacional y era inaplicable.
La Corte Suprema debe decidir ahora si declara la legislación inaplicable o la aprueba con modificaciones.
Según un comunicado oficial, el gobierno considera inaplicables los artículos 34 y 36 del proyecto de ley, pues violan la separación de poderes del Estado y establecen estructuras administrativas dentro del gobierno.
El Presidente Cortizo también argumentó que el proyecto de ley se había aprobado mediante un procedimiento inadecuado, tras su veto parcial de la legislación en junio. En aquel momento, el presidente consideró que el proyecto de ley necesitaba más trabajo para cumplir las nuevas normas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre “transparencia fiscal y prevención del blanqueo de capitales”.
Una disputa entre el congreso de Panamá y el gobierno se ha centrado en este proyecto de ley. En abril de 2022, los legisladores panameños aprobaron la propuesta legislativa destinada a regular las criptomonedas en el país, incluida Bitcoin. El presidente Cortizo, sin embargo, advirtió unas semanas más tarde que no la firmaría a menos que incluyera normas adicionales contra el blanqueo de capitales.
El proyecto de ley fue presentado en septiembre de 2021 a la Asamblea Nacional de Panamá, con el objetivo de hacer al país “apto para la economía digital, blockchain, criptoactivos e Internet”. Salió de la Comisión de Asuntos Económicos el 21 de abril antes de ser aprobado por el Congreso local.
En base a la legislación, los panameños “podrán acordar libremente el uso de criptoactivos, incluyendo, pero sin limitarse a Bitcoin y Ethereum” como alternativa de pago para “cualquier operación civil o comercial”.
Además, el proyecto de ley regularía la tokenización de metales preciosos y la emisión de valores digitales. La digitalización de la identidad mediante blockchain o tecnología de libro mayor distribuido también sería explorada por la autoridad de innovación del gobierno.
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