Denuncias cruzadas de guardias civiles en Melilla por estafas con criptomonedas

La ciudad autónoma española de Melilla se encuentra revolucionada. Es por una serie de supuestas inversiones fraudulentas en criptomonedas y varias denuncias cruzadas. Los protagonistas de la historia son integrantes de la Comandancia de la Guardia Civil.

Dos juzgados de la ciudad investigan los hechos, que involucran a un cabo al que varios compañeros y conocidos acusan de haberse apropiado de más de 150.000 euros. El dinero lo habrían puesto a su disposición para hacer inversiones a través de Internet, bajo la promesa de obtener altas rentabilidades en poco tiempo.

El agente sindicado como culpable niega haberse quedado con ese dinero, al tiempo que se autodefine como una víctima más del engaño, y afirma haber perdido casi 25,000 euros con estas inversiones. Las pesquisas avanzan de forma paralela en dos juzgados pues el acusado tiene doble condición, querellante e investigado por sendos delitos de estafa en el marco de los mismos hechos.

La condición de estafador se la atribuyen la decena de compañeros y conocidos para los que actuó como una especie de intermediario. A su vez, él señala a los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con las que supuestamente canalizó esas inversiones.

El cabo, que responde a las iniciales F.A., fue detenido el 14 de octubre y quedó en libertad tras declarar. Se han querellado contra él compañeros de trabajo, pero también conocidos del gimnasio o amigos de la infancia que se ubican en Melilla, Cádiz y Huelva. 

Antecedentes del caso

En el interrogatorio que el acusado respondió ante la juez y al que accedió el medio elDiario.es, el agente negó haber estafado a nadie. Explicó que fueron sus compañeros y conocidos los que le pidieron información sobre inversiones, tras enterarse de que había ganado más de 5,000 euros operando con criptomonedas.

Entonces todo parecía un negocio seguro y, según su relato, les informó de la “mecánica de inversión”, que consistía en que ellos les transferían el dinero y él lo invertía a través de una plataforma de compraventa de criptoactivos denominada Trading Network, donde le habían comunicado que invirtiendo de forma conjunta ahorrarían impuestos.

Luego de firmar un rudimentario documento, los inversores trasladaban su confianza al hoy acusado. La compañía está desde mayo de 2021 en el listado de empresas fraudulentas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por actuar sin autorización en el mercado financiero. Dato que nadie investigó a la hora de arriesgar su capital.

Un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil aportado a la causa, revela que las cuentas bancarias del cabo recogen hasta una quincena de transferencias de las supuestas víctimas con el asunto “inversión en bolsa” por valor de 163,750 euros.

Es el dinero que pusieron a su disposición para que realizara las inversiones. Los desembolsos más cuantiosos los hicieron dos guardias civiles que le transfirieron 60,000 y 31,000 euros, respectivamente. Otras transferencias son de 5,000 euros o menos. 

Declaraciones del cabo

El cabo apuntado como estafador manifestó que ni siquiera era él quien hacía las operaciones directamente. De acuerdo con sus dichos ante la jueza, los agentes accedían a sus equipos a través de la aplicación de control remoto Anydesk y actuaban en su nombre. Aseguró que, como consecuencia de ello, “mucha” información que estaba en su ordenador y su teléfono había sido borrada. 

La revisión de sus cuentas también recoge cinco salidas de dinero en concepto de “beneficios”, por valor de 12,000 euros. Según los dichos del acusado, son movimiento que confirman que abonó por las supuestas ganancias generadas.

El citado informe policial detalla, sin embargo, que según la documentación aportada por los bancos, esos beneficios no provenían de ninguna inversión. Procedía de otras personas que supuestamente invertían ese dinero. Es decir, que abonaba los supuestos beneficios tras lograr que terceras personas hicieran inversiones. El accionar típico de un Esquema Ponzi.

En la querella que el cabo presentó, responsabiliza a los brokers de haber traspasado dinero de sus cuentas a las citadas plataformas de compraventa de criptomonedas “sin ningún tipo de autorización ni consentimiento”. Asegura, a este respecto, que la broker que le asignó la plataforma, Ania Koshkina, hizo hasta 14 transferencias sin su permiso por valor de más de 200,000 euros a estas plataformas.

La forma de actuar del acusado

Las denuncias presentadas recogen un modus operandi similar. El acusado les proponía a las víctimas hacer inversiones prometiéndoles rentabilidades de hasta el 30%. Las ganancias podían cobrarse de forma mensual.

Todos firmaban un documento en inglés que era igual en todos los casos y en los que de forma manuscrita aparecían el nombre y demás datos de identidad. También aparecía escrito a mano de qué manera querían cobrar sus ganancias.

El destino de esos fondos sigue siendo una incógnita. Una jueza mantiene imputado al cabo, acusado de un delito penado con hasta seis años de cárcel. Entretanto, otra jueza trata de desenmarañar el papel que han tenido en esta trama los brokers y la plataforma de compraventa de criptomonedas con la que el agente supuestamente canalizó esas inversiones de miles de euros.