¿Bitcoin no es una moneda? Sudáfrica regulará las criptomonedas como activos financieros
El Banco de la Reserva de Sudáfrica se dispone a introducir el año que viene una normativa que clasificará y tratará las criptomonedas como activos financieros para equilibrar la protección de los inversores y la innovación.
El uso de criptomonedas en Sudáfrica goza de buena salud, ya que se calcula que alrededor del 13% de la población posee algún tipo de criptomoneda, según un estudio del exchange global Luno. Con más de seis millones de personas en el país expuestas a las criptomonedas, la regulación del espacio ha sido durante mucho tiempo un tema de conversación.
En la actualidad, las empresas o personas que desean prestar servicios de asesoramiento o intermediación relacionados con las criptomonedas deben ser reconocidas como proveedores de servicios financieros. Esto implica cumplir una serie de requisitos para cumplir con las directrices globales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La revisión del presupuesto del Tesoro Nacional de Sudáfrica, publicada en febrero de 2022, introdujo formalmente la medida de declarar las criptomonedas como productos financieros. El Estado también tiene previsto mejorar la supervisión y la notificación de las transacciones de criptomonedas para cumplir con la normativa de intercambio en el país.
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica, Kuben Chetty, ha confirmado ahora que se introducirá una nueva legislación en los próximos 12 meses, al hablar en una serie en línea organizada por la empresa local de inversiones PSG el martes. Las criptomonedas entrarán en el ámbito de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera (FICA).
Esto es significativo, ya que permitirá que el sector sea supervisado para el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la financiación del terrorismo, que ha sido un subproducto muy debatido de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y las cadenas de bloques.
Chetty destacó el camino que el SARB tomará en los próximos 12 meses para introducir este nuevo entorno regulatorio. En primer lugar, declarará las criptomonedas como producto financiero, lo que permitirá su inclusión en la lista de la ley del Centro de Inteligencia Financiera.
A continuación, se desarrollará un marco normativo para los exchanges que incluirá ciertos requisitos de conocimiento del cliente (KYC), así como la necesidad de cumplir las leyes de control fiscal y cambiario. Los intercambios también deberán emitir una “advertencia de salud” para destacar el riesgo de perder dinero.
Chetty señaló que la actitud de la SARB hacia el sector ha cambiado mucho en la última década. Hace unos cinco años, la institución pensaba que no era necesaria ninguna supervisión reguladora, pero un cambio gradual en la percepción para definir las criptomonedas como activos financieros ha cambiado esa postura:
“Según todas las definiciones, [las criptomonedas] no son una moneda, sino un activo. Es algo que se puede comerciar, es algo que se crea. Algunas tienen respaldo, otras no. Algunas pueden tener un respaldo genuino, una actividad económica real”.
El vicegobernador insistió en que el SARB no consideraba las criptomonedas como una forma de moneda, dada la incapacidad percibida para el uso cotidiano en el comercio minorista y la volatilidad asociada.
Chetty se mostró de acuerdo en que el continuo interés en este espacio crea la necesidad de regular el sector y facilitar su fusión con las finanzas convencionales “de forma que se equilibre el entusiasmo y la exageración con la necesaria protección del inversor”.
El SARB también sigue explorando la posible introducción de una moneda digital del banco central (CBDC), habiendo completado recientemente una prueba de concepto técnica en abril de 2022. La segunda fase del Proyecto Khokha consistió en utilizar un sistema basado en blockchain para la compensación, la negociación y la liquidación con un puñado de bancos que forman parte del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Fintech (IFWG).
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
