Venezuela intenta dar estabilidad jurídica a los mineros de criptoactivos
En Venezuela, la minería digital de criptoactivos es una actividad legal y controlada por un ente gubernamental, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) creada por un decreto ley de 2019, y en la que establece las reglas de juego para desarrollar la minería en ese país sudamericano.
Recientemente a través de la red social Twitter, la Asociación Nacional de Criptomonedas publicó en su cuenta oficial @AsonacripVe una comunicación oficial emanada por el General en Jefe Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, en la que específica la orden directa al restos de las zonas que conforman los diferentes comandos estratégicos operacionales que se inhiban de hacer inspecciones, o de efectuar operativos relativos a la supervisión incautación o de cualquier índole que interrumpa el proceso de minado de las criptomonedas, sin la presencia de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas.
Esta circular emanada de una de las máximas instancias militares de ese país significa un leve alivio para quienes se dedican a esta actividad económica. Las impresiones en la red social no se hicieron esperar tanto a favor de la circular como en respuestas no tan efusivas.
La realidad para los mineros de activos digitales en Venezuela, se transforma a que tanto autoridades civiles o militares efectúan operativos de supervisión y control sobre las posibles “granjas” muchas veces sin una orden administrativa o judicial.
Resalta además el comunicado que de realizarse las inspecciones sin una justificación de la Superintendencia y detenga o de alguna forma obstaculice la materialización de las operaciones relacionadas con criptoactivos será sancionado con una prisión de tres (03) a cinco (05) años.
El mencionado artículo del decreto establece específicamente:
“Responsabilidad del funcionario o funcionaria Artículo 49. El funcionario público o funcionaria pública, que obstaculice o detenga sin causa justificada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), la materialización de operaciones relacionadas con criptoactivos, será sancionado con prisión de tres (03) a cinco (05) años.”
De esta manera, el gobierno de Venezuela intenta dar una señal positiva a los mineros de activos digitales que se desarrollan en el país, con la intención evidente de que la actividad tenga un mayor crecimiento dentro del país caribeño. En Venezuela el mercado criptográfico es muy usual, de hecho para el primer semestre de este año, el Observatorio Económico Latinoamericado en uno de los análisis de la adopción y mercado criptográfico en latinoamérica ocupa a Venezuela con un 47% de volúmen ocupando el primer lugar de este análisis.
Fuente: http://www.obela.org
De hecho datos de Coin Dance muestran que las transacciones en Venezuela a través de la plataforma Localbitcoins no ha parado de crecer desde mayo de 2019 hasta la fecha.
Fuente: CoinDance
En definitiva, el uso, adopción y minado de criptoactivos en Venezuela es un hecho público y notorio, por ello, el uso adecuado de los medios necesarios para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa que regula esta industria, genera una expectativa de tranquilidad entre toda la comunidad.
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