Argentina amplia ciberpatrullaje para prevenir scams con criptomonedas

El Ministerio de Seguridad de Argentina oficializó la ampliación del ciberpatrullaje de las fuerzas federales para prevenir scams con criptomonedas, mediante la resolución 1330/2024, publicada en el Boletín Oficial.

Esta nueva medida busca prevenir estafas piramidales y delitos relacionados con la intermediación financiera no autorizada a través de criptoactivos, en un contexto donde las transacciones con criptomonedas y plataformas digitales han facilitado un aumento de los delitos cibernéticos.

Argentina refuerza ciberpatrullaje para evitar scams con criptomonedas

Desde mayo, cuando se habilitó el ciberpatrullaje, las fuerzas federales podían intervenir en distintos casos. Entre ellos amenazas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y otros ilícitos vinculados al ciberespacio. Ahora, con la nueva resolución, se incluye la intermediación financiera no autorizada mediante el uso de criptomonedas.

Esta extensión responde a la creciente sofisticación de fraudes, como las estafas piramidales, que prometen retornos irreales en moneda local, extranjera o activos virtuales. Afectando a víctimas de distintos niveles socioeconómicos.

Según el considerando de la norma, el avance en el uso de criptomonedas ha generado escenarios propicios para scams y otros delitos ciberdependientes y ciberasistidos.

Sin embargo, se establecen límites estrictos. Las labores preventivas solo podrán realizarse en fuentes de acceso público y deberán respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad. Además, cualquier información recopilada que no derive en una judicialización deberá ser destruida. Por último, está prohibido acumular datos sobre individuos basados en criterios personales, políticos o religiosos.

Leer más: Regulación de las criptomonedas en América Latina (Primera parte)

La resolución también establece prohibiciones claras para los agentes involucrados en estas tareas. No podrán utilizar métodos invasivos o ilegales que atenten contra la dignidad de las personas ni comunicar información falsa o violatoria de derechos establecidos en la República de Argentina.

De esta manera, el monitoreo se centra únicamente en actividades ilícitas evidentes, excluyendo conductas regulares y legítimas en Internet.

El ciberpatrullaje ampliado en Argentina surge como una herramienta preventiva frente a delitos financieros que, en muchos casos, culminan en grandes perjuicios económicos para los afectados. La normativa destaca la necesidad de anticiparse a estas maniobras antes de que se materialicen, reforzando el control estatal sobre el ciberespacio y protegiendo a los usuarios de prácticas fraudulentas.