El Departamento de Justicia dice que el cifrado de datos es una amenaza para la lucha contra la explotación sexual infantil
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una declaración internacional en la que dice que el cifrado de extremo a extremo “plantea desafíos importantes para la seguridad pública”, incluyendo la lucha contra la explotación sexual infantil.
En una declaración del Departamento de Justicia del 11 de octubre, la agencia pidió a las empresas tecnológicas que trabajen con el gobierno para encontrar una solución al fuerte cifrado de datos con los medios necesarios para permitir la investigación de actividades y contenidos ilegales. El departamento declaró que el cifrado de extremo a extremo que impida a las fuerzas del orden acceder a cierto contenido crea “graves riesgos para la seguridad pública”.
La declaración fue firmada por el Departamento de Justicia, el Ministerio del Interior del Reino Unido, el Ministro del Interior de Australia, la India, Japón, un miembro del Parlamento de Nueva Zelandia y el Ministro de Seguridad Pública y Preparación para casos de Emergencia de Canadá.
En particular, el Departamento de Justicia declaró que ese tipo de cifrado, en el que sólo los remitentes y los receptores pueden acceder a los datos que se envían, le dificultaban a las fuerzas del orden “investigar delitos graves” y “proteger la seguridad nacional”. Además, la capacidad de una empresa tecnológica para identificar y responder a la explotación y el abuso sexual infantil, delitos violentos y propaganda terrorista puede verse comprometida, afirmó el departamento.
Citando un informe de 2019 del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotado (NCMEC), la agencia gubernamental dio a entender que era necesario aplicar un cifrado de extremo a extremo con una solución para proteger a los niños, o de lo contrario comprometería el sistema actual de denuncia de dicha explotación.
“En 2018, Facebook Messenger fue responsable de casi 12 millones de los 18.4 millones de denuncias mundiales de CSAM (material de abuso sexual infantil al NCMEC)”, dijo el Departamento de Justicia, citando una declaración de 2019 de la Alianza Global WePROTECT. “Estas denuncias corren el riesgo de desaparecer si se implementa un cifrado de extremo a extremo por defecto, ya que las herramientas actuales utilizadas para detectar CSAM no funcionan en entornos cifrados de extremo a extremo”.
Funcionarios electos de los Estados Unidos ya han actuado para buscar una solución legislativa a la investigación de las actividades ilícitas a las que hace referencia el Departamento de Justicia.
En junio, tres senadores republicanos presentaron un proyecto de ley que prohibiría el cifrado de extremo a extremo para las empresas tecnológicas, exigiendo a los fabricantes de dispositivos y a los proveedores de servicios que ayudaran a las fuerzas del orden facilitando el acceso a los datos cifrados. El proyecto de ley, denominado Lawful Access to Encrypted Data Act (Ley de acceso legal a datos cifrados) está siendo examinado actualmente por el Comité Judicial. También existe la Ley EARN IT (Ley gánatelo), un proyecto de ley propuesto que exigiría que los mensajes digitales pasen primero por un software de revisión aprobado por el gobierno para vigilar la maliciosa actividad delictiva.
Los partidarios de ambos proyectos de ley afirmaron que su propósito incluía proteger a los niños contra el abuso sexual. Sin embargo, muchos defensores de la privacidad han criticado fuertemente estos proyectos de ley porque creen que el gobierno está invadiendo las libertades personales.
Aunque su declaración se centró en el cifrado de extremo a extremo, el Departamento de Justicia declaró que ampliaría sus esfuerzos al “cifrado de dispositivos, aplicaciones cifradas personalizadas y cifrado en plataformas integradas”. La agencia gubernamental afirmó que mantendría un “respeto por la privacidad” al frente de cualquier marco legal.
“Refutamos la afirmación de que la seguridad pública no puede ser protegida sin comprometer la privacidad o la seguridad cibernética”, declaró el Departamento de Justicia.
Sigue leyendo:
