Después de 20 años de desastre, ¿quién puede confiar en la regulación de la minería en Venezuela?
Fuera de nuestro pequeño nicho de venezolanos interesados en las criptomonedas, las noticias en Venezuela se centran en el más reciente reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la irrefutable declaración de que el régimen practica la sistemática violación de los derechos humanos en el país. A todo nivel.
Sin embargo, en nuestro espacio seguro, este miércoles 23 de septiembre, Venezuela se despierta con la minería de criptomonedas como una actividad regulada a nivel nacional y que para ser ejercida, deberá asociarse el poder de minado de cada ciudadano interesado en esta actividad a un pool de minería nacional. La idea es darle “legitimidad” a la industria a través del aparataje gobiernero, a fin de poner una mano en el bolsillo de los mineros. Veamos.
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El objetivo de regularizar la minería tiene solo un efecto positivo posible: de cara a las personas que aceptan como legítimo el régimen del chavismo, existe una jurisprudencia que ampara los derechos y deberes de quienes ejercen esta actividad, así como para emprender negocios asociados al hosting de equipos o la creación de hardwares.
Se acabó el llamar a un amigo que es militar, o al familiar que trabaja con las brigadas de exterminio del FAES, cada vez que vengan a extorsionarte, o apelar al famoso RISEC de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ahora la minería tiene “claridad”.
Sin embargo, dejando de lado las irregularidades electorales que han perpetuado a Maduro y compañía en el gobierno (más que suficiente para dar al traste con cualquier propuesta del régimen), y yendo directamente sobre la providencia y su contenido, resulta claro la sola existencia de esta regulación contradice la naturaleza de las criptomonedas. El régimen pretende ganar más control.
Se trata de un marco legal que busca darle al Estado potestad sobre la inversión privada de cada minero venezolano, con la obligatoriedad a participar de un pool nacional, que será gestionado, obviamente a su discreción. Centralizar lo que, de suyo es descentralizado y guiado por el interés de ganancia de cada inversionista para poner la actividad a “servicio del bien público”. El mismo bien público que viene siendo mancillado desde hace más de 20 años. Es la misma gente, sí.
Hablemos del pool, que, de acuerdo con el texto, funcionaría “como una cooperativa” (volviendo al chavismo originario, que ya intentó coaccionar este esquema de agrupación “empresarial” en su edad temprana) pero bajo el cargo de la SUNACRIP. Además, todos deberán contar con una licencia, que también regulará este ente, y en el caso de la minería con un Registro Integral de Mineros (RIM), dependiente de la misma institución.
El objetivo es: “agrupar los mineros digitales dentro del territorio nacional e incentivar a la comunidad minera digital internacional a formar parte del referido pool, con el fin de acumular un alto poder de procesamiento que agilice la resolución de bloques”.
Quizás esta es la forma en la que el chavismo interpreta la llamada “guerra del hash”, pero con tan poca credibilidad y creando una regulación que contraviene los intereses privados, es poco probable que sea una propuesta atractiva a nivel internacional. Los mineros alojados en el país, probablemente no tendrán otra elección. Vaya, ¡qué legislación tan positiva! Incumplir esto podría acarrear multas que alcanzan hasta los 18 mil dólares.
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La emisión de estos documentos para operar en el país, generará gastos en trámites, que a su vez serán un caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de corruptelas y “gestores”. Y no es solo una sospecha, es algo que ha pasado durante los últimos 20 años en todos los niveles de la burocracia, sospecha además asociada al funcionamiento de todos los trámites públicos del país, ¿Centralización de lo descentralizado? No creo.
Uno de los elementos que destaca dentro de la puesta en marcha de esta nueva regulación es que toma por sorpresa a buena parte de los miembros del “ecosistema” del país, incluso a pesar de que hace poco se haya organizado un encuentro de mineros en el que, al parecer, poco y nada se dio a conocer de esta regulación.
Así, cientos de dudas…
¿Tendrán que entrar en la misma regulación quienes operen minúsculas minas (2 o 3 máquinas)? ¿Cómo se pone en funcionamiento la recaudación de información sensible (ubicación, cantidad de equipos) de los mineros que participen de esta nueva vuelta de tuerca? ¿Existe realmente una forma de crear el llamado Pool de Minería Nacional? ¿Qué garantiza que el poder de minería de este pool, aportado por los distintos operadores privados no se transformará en un bien de interés público, es decir, expropiable?
Pero, una pregunta ha sobresalido por encima de las demás: ¿cómo esquivo esta regulación? Ante las sospechas que genera, y los antecedentes de cuando la ley se puede torcer a la voluntad del régimen, la gente se pregunta cómo conseguir una forma de vadear la obligatoriedad de esta regulación.
Seguramente habrá los que se queden solo con el segundo párrafo de este artículo, y consideren un avance la nueva propuesta del régimen de Maduro, porque demuestra que “la industria” de la minería en Venezuela tiene sentido.
No obstante, hay que recordar que mientras las “autoridades” del país sean individuos sancionados por el gobierno de Estados Unidos, inclusive con recompensa por información que pueda dar con su paradero, como en el caso del Superintendente Joselit Ramírez, la industria minera contará solo con la inversión privada dentro del país (que no es mucha, y no tiene confianza en las instituciones) o con capitales directamente importados de socios políticos del régimen.
Es falso que las características del país -potencial hidro y termoeléctrico, recursos naturales para la sostenibilidad de nuevos modelos de minería digital, la reactivación de plantas/instalaciones de energía eólica ya instaladas para generar electricidad, pero para minar y financiar su funcionamiento; y un largo etcétera de poéticos y paradisiacos elementos de la “criptonación”- puedan concretarse mientras el gobierno siga siendo ejercido por el régimen, y este panorama no va a cambiar.
Al contrario, las sanciones pueden recrudecer y afectar incluso a los que se “asocien” de alguna forma con la nueva propuesta.
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La hipocresía de este movimiento es tal que, apenas hace semanas el gobierno bloqueaba a discreción AirTM, para que el interinato no pudiese entregar recursos a los médicos del país que están atendiendo la emergencia de salud que ha significado el coronavirus, pero hoy se muestra como una entidad afable, de confianza, con la que juntos, mineros, traders, educadores y la “comunidad cripto” en general, podrán construir un futuro mejor.
Yo no la compro. Esto es simplemente más control y un intento desesperado de poner sus manos sobre la inversión privada de una industria que, hasta ahora, había disfrutado creciendo en una zona gris. Quizás muchos vuelvan a la sombra.
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