El proyecto de ley en contra de las CBDC de EE.UU. está cada vez más cerca de aprobarse
La Ley contra el Estado de Vigilancia de las CBDC, cuyo objetivo es impedir que “burócratas no elegidos en Washington” emitan una moneda digital de banco central (CBDC), ha dado un paso más en su recorrido procedimental tras ser aprobada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Según un comunicado de prensa distribuido por el autor del proyecto de ley, el representante Tom Emmer, el 20 de septiembre, el CBDC Anti-Surveillance State Act fue aprobado por el comité e informado favorablemente al pleno de la Cámara. Esto significa que el proyecto se someterá a votación en el Congreso.
Emmer destacó que el proyecto de ley ya ha obtenido el apoyo de 60 miembros del Congreso. En sus comentarios sobre la decisión del comité, Emmer volvió a insistir en los peligros del control estatal sobre la moneda y su incompatibilidad con los valores estadounidenses:
“Valores americanos. Valores estadounidenses. Esto es lo que necesita la futura economía digital global. Si no es abierta, sin permisos y privada -al igual que el dinero en efectivo-, una moneda digital de un banco central no es más que una herramienta de vigilancia al estilo del PCCh [Partido Comunista Chino] que puede ser utilizada como arma para oprimir el modo de vida estadounidense.”
Emmer y 49 copatrocinadores originales reintrodujeron la CBDC Anti-Surveillance State Act en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 14 de septiembre. Se introdujo formalmente por primera vez en el Congreso en febrero de 2023.
El proyecto de ley contiene disposiciones que impedirían a la Reserva Federal emitir una CBDC a particulares y prohibirían a la Fed utilizar cualquier CBDC con el fin de aplicar la política monetaria.
En su reciente entrevista con Cointelegraph, Emmer calificó los activos digitales de “tema dormido” en la política estadounidense, tanto a nivel estatal como federal. Según Emmer, existe una brecha generacional en EE.UU. en la que los residentes podrían hacer retroceder las políticas que potencialmente inhiben el espacio digital y, al hacerlo, “expulsar” a los legisladores tecnológicamente ignorantes.
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